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Socorristas, Zona

En Madrid, hay 40 plazas que incluyen la palabra clave por TEC Instalador y son mostradas en Neuvoo España. Por el contrario, en las oficinas que utilizan para la liquidación de los empleados sólo se ve a cinco policías con uniformes distintos a los que resguardan las instalaciones. Durante la asamblea, un abogado del SME central informó a los necaxistas que la dirigencia sindical luchará por que sean recontratados en el nuevo organismo que cree el gobierno.

El miércoles 21 por la noche, en una asamblea general, el SME Necaxa presentó un plan de acción en defensa de los trabajadores, que entre otras demandas plantea exigir atención a los hijos de las trabajadoras en las áreas de terapia del IMSS. Solidarios también se han mostrado los integrantes de la sección 22 del SNTE de Oaxaca y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como la Organización Nacional del Poder Popular y el Consejo Nacional de los Trabajadores. La situación es crítica, al grado de que el gobernador Mario Marín ordenó que se enviaran mil despensas a Necaxa para que el SME las reparta entre sus agremiados.

Dos años después, los derechos de la empresa fueron cedidos a Frederick Stara, quien fundó The Mexican Ligth and Power Company Limited con capital canadiense. La zona hidroeléctrica de Necaxa está compuesta por tres divisiones y comprende obras de captación, conducción y almacenamiento de agua, así como plantas generadoras, zona administrativa y un centro de control de la energía eléctrica.

Durante todo este tiempo ha venido realizando trabajo extra y las ganancias han sido para los gobiernos en turno”. Según el texto de la propuesta, con ella se pretende establecer vías para que los sujetos destinatarios de la Ley documenten, precisen, expliciten y publiquen la información en torno a la entrega, uso y destino de los recursos públicos federales que reciben las organizaciones gremiales de servidores públicos”. En entrevista, realizada el pasado 23 de septiembre, Creel añade que el ámbito sindical hoy en día es una fuente permanente de opacidad, de desinformación. Sus intentos por legitimarse resultaron muy costosos y muy drásticos”, dice Aguilar.

No sabemos a ciencia cierta cuántos recursos reciben los sindicatos públicos, bajo qué conceptos, la fecha, cuál es el fundamento jurídico para entregarles estos recursos que provienen del pueblo de los contribuyentes”. Cita ejemplos: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), liderado por Elba Esther Gordillo; el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Mediante este recurso, refieren los autores a Proceso, Calderón buscó legitimarse tras su dudoso triunfo en 2006.

En la iniciativa se señala que en el mes de abril de cada año, estos sindicatos deberán entregar un informe anual soportado con comprobantes fiscales; (que) den cuenta de su aplicación, uso y destino, su afectación en fideicomisos, la institución fiduciaria y los fines de tal figura jurídica”. A decir de su promotor, la ventaja adicional de la propuesta es que tampoco podrá invocarse al carácter de reservado cuando se trate de información sobre la entrega, aplicación, uso y destino de los recursos públicos federales a los sindicatos de servidores públicos”. Un informe similar rindió Rosendo Villarreal Dávila en su carácter de presidente del Comité de Información de Pemex.

Para entonces ya Pemex había aprobado la entrega de mil 80 copias simples de 147 convenios identificados de 2005 a 2008, acerca de los cuales el Comité de Información de la paraestatal confirmó la confidencialidad del Registro Federal de Causantes y el número de ficha de trabajadores que se incluyen en los documentos y sus anexos. Con base en la opinión de la Oficina del Abogado General, en Petróleos Mexicanos no existe funcionario facultado para certificar las copias de los convenios que solicita la peticionaria Rosalía Vergara, motivo por el cual se ponen a su disposición 1080 copias simples de los 147 convenios identificados durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008”.

Pero el 19 de agosto de 2008, al día siguiente de que la Unidad de Enlace emitiera su respuesta favorable a la solicitud de Proceso -la cual quedó registrada con el folio 1857200083908-, el secretario de Ajustes del STPRM, Sergio López Salinas, solicitó un amparo indirecto para evitar la entrega de dichos acuerdos obrero-patronales. En respuesta, entre agosto y septiembre, Lamberto Alonso, Ana Elena Figueroa Giles y esta reportera rindieron un informe justificado para pedir que se sobreseyera el juicio de amparo por improcedente, ya que la entrega de información no violenta las garantías del sindicato.

El 7 de agosto, la solicitante promovió un recurso de revisión, que fue remitido al Segundo Tribunal en Materia Legislativa del Primer Circuito, donde sigue en trámite con el número de expediente 328/2009. El 10 de septiembre, ese juzgado se declaró incompetente, argumentando que en el Segundo Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debía resolver la controversia 29/2009, que consiste en saber por cuántos juzgados debe pasar una solicitud de amparo para que la resuelva, en última instancia, la SCJN. El 24 de septiembre, el Decimoquinto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso de revisión de la solicitante.

En la entrevista, el senador Creel dice que en casos similares el sindicato se ha amparado permanentemente para evitar que se dé información sobre el manejo de sus recursos públicos, y destaca que la reforma crearía un fundamento jurídico al cual recurrir para evitar que se violente la ley. Fracaso”, es el término con que dos excolaboradores de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar -al igual que muchos analistas y actores políticos-, califican la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. Yo tengo las dos, pero si quieres ser electricista, es mejor ir directamente por la ECS Card.

En un libro que acaban de publicar en coautoría, El narco: la guerra fallida, el excanciller y el exvocero presidencial pretenden destruir las tesis con las que el mandatario justifica una estrategia que ha costado miles de muertos y, por lo demás, no se ha traducido en una disminución del narcotráfico. Tampoco resiste la prueba el argumento según el cual ahora los capos son más violentos que antes”.

El presidente Felipe Calderón emprendió su sangrienta y costosa guerra contra el narcotráfico sólo con el fin de legitimarse” en el poder, tras ver que resultó muy cuestionado su triunfo en las elecciones de 2006. Calculó que -para consolidarse en la Presidencia- bastaría con aplastar a los cárteles mexicanos de la droga mediante un combate fácil”, rápido” y de bajo costo”. Pero calculó mal… Con tres años de gobierno, y después de miles de muertos, Calderón no ha podido acabar con esas mafias ni tampoco con el consumo, venta y distribución de droga, puesto que el mercado en México continúa estable”.

Hasta Vicente Fox, antecesor de Calderón en la Presidencia, acaba de pedirle públicamente que, ante su rotundo fracaso, mejor le ponga un alto a la masacre y regrese a los soldados a sus cuarteles, ya que el Ejército sólo ha multiplicado” el problema. Y para rematar, dos funcionarios de la administración foxista, el exvocero presidencial Rubén Aguilar y el excanciller Jorge G. Castañeda, acaban de publicar el libro El narco: la guerra fallida, que comenzó a circular en estos días y en el que rebaten, una a una, las tesis de Calderón con las que justifica su combate al narcotráfico.

Sólo que, respecto a sus antecesores, hay una diferencia tremenda entre los costos sociales que ahora asumió Calderón. De entrada, el libro señala que la ‘guerra' que la presente administración decidió dar contra el narcotráfico no se puede justificar por un mayor consumo (el cual es inexistente) ni por la presión del narcomenudeo”. Y agrega que el ingreso ilegal de armas de Estados Unidos a México es histórico, se remonta al siglo XIX”. Hasta el momento, el único gobernador encarcelado por vínculos con el narco es Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo.

Y aun en el muy remoto caso de suprimir ese flujo, el narcotráfico puede recurrir, por ejemplo, al contrabando de armas en Brasil, Paraguay, Argentina Venezuela, y añadir a los cargamentos de coca una buena dotación de armas”. Otro argumento del gobierno para emprender su embestida contra el crimen organizado es la pérdida de control, poder y vigencia del Estado en determinadas partes del territorio nacional, justo las características incipientes de un Estado fallido”.